El pasado 12 de septiembre, nuestra investigadora responsable, Prof. Dra. Marcela Aedo Rivera presentó ante la Defensora Nacional, Viviana Castel, el Jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Carlos Gómez y otros/as directivos y profesionales de la Defensoría Nacional y de las Defensorías Regionales de Valparaíso y O´Higgins, el “Protocolo para la defensa penitenciaria de mujeres condenadas privadas de libertad en Chile”, fruto de un estudio que realizó junto a la experta Paulina Hernández, el que permitirá complementar el trabajo del modelo especializado de defensa penitenciaria de la Defensoría.
El Protocolo es fruto del Proyecto “Asistencia técnica para el diseño e implementación del modelo de defensa penitenciaria de mujeres privadas de libertad en Chile”, financiado con fondos del Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, en el que la Prof. Aedo y la ex defensora penal pública, Paulina Hernández trabajaron por más de un año. El estudio tuvo la finalidad de complementar el trabajo que la Defensoría Penal Pública ha desarrollado en esta materia desde el 2011.
La metodología utilizada, implicó, en un primer momento, realizar un levantamiento de buenas prácticas de defensa penitenciaria para este grupo objetivo, tanto a nivel europeo como latinoamericano. Para luego efectuar un diagnóstico de las necesidades específicas de las mujeres condenadas y privadas de libertad, incluyendo el funcionamiento y las particularidades de la defensa penitenciaria en las distintas regiones del país.
Como base de este análisis, las autoras del protocolo explicaron que en febrero pasado se contabilizaron 26 mil 945 personas condenadas a penas privativas de libertad, contexto en que las mujeres en esta condición sumaban solo el 7,1 por ciento de este total. “En tanto estas mujeres son una minoría, la mayoría de los recursos han estado destinados a la población penitenciaria masculina, lo que genera problemas estructurales en el sistema penitenciario chileno y denota una carencia de enfoque de género en el tratamiento otorgado a la población penitenciaria femenina”, explicaron. En efecto, las expertas encontraron diversos niveles de limitaciones para el acceso de las internas a capacitaciones y otros talleres, vulneraciones a sus derechos sexuales y reproductivos, una ausencia de infraestructura adecuada, dificultades para el desarrollo de la maternidad y una precarización de sus vínculos familiares, desconocimiento del rol de la defensa penitenciaria e incluso discriminación por opción sexual o identidad de género, entre otros temas.
Tras un completo análisis del marco normativo interno y externo aplicable a este colectivo, el protocolo detalla también todos los derechos que asisten a las mujeres privadas de libertad, las características que debe tener la atención especializada de la defensa penitenciaria, los mecanismos que existen para impugnar las decisiones de la administración penitenciaria y, finalmente, una propuesta para mejorar globalmente la atención de este grupo. “Se trata de algunas recomendaciones orientadas a establecer una estrategia institucional, de manera de apoyar la labor que realiza el equipo de defensa penitenciaria”, concluyó Paulina Hernández.
La Defensora Nacional, Viviana Castel reconoció la existencia de buenas prácticas en el ámbito en distintas unidades de trabajo de la institución. Con todo, consideró “relevante sistematizar esta información y visibilizar este tema, en cuanto a cómo debe enfrentar la persecución penal a las mujeres, sobre todo cuando se trata de privadas de libertad, por el impacto que ello implica en los grupos familiares o por la infraestructura básica que estas mujeres necesitan en un recinto penal”.
Más información en: http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/8888/presentan-protocolo-de-atencion-para-la-defensa-de-mujeres-condenadas-privadas-de-libertad#.W6r2RGyEGM0.gmail y en http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/8375/la-defensoria-penal-publica-de-chile-liderara-programa-de-acceso-a-la-justicia-para-mujeres-privadas-de-libertad
En su primera actividad oficial, Paulina Hernández y Marcela Aedo, expertas del Programa para la Cohesión Social en América Latina (EUROsociAL+), se reunieron con el Defensor Nacional, Andrés Mahnke, en el marco del proyecto “Asistencia técnica para el diseño e implementación del modelo de defensa penitenciaria de mujeres privadas de libertad en Chile”
