Publicado en El Quinto Poder, 23 de julio de 2020.

La urgencia de un ingreso básico universal con perspectiva de género

La pandemia del Covid-19 ha generado un impacto especialmente negativo en las mujeres profundizando las desigualdades de género tanto dentro como fuera de los hogares. En Latinoamérica las tasas de desempleo femenino no sólo han aumentado críticamente sino que todo indica que no repuntarán debido a la necesidad de muchas de ellas de postergar su reinserción al mercado laboral para ejercer labores de cuidado de personas dependientes.

Las cifras muestran que las mujeres realizan tres veces más trabajo de cuidado no remunerado que los hombres y que la creciente independencia de las mujeres será una de las principales víctimas silenciosa de la pandemia. A medida que los sistemas de salud colapsan, más personas con Covid-19 necesitarán cuidados en el hogar, aumentando la ya considerable carga de trabajo femenina. Como las pandemias magnifican las desigualdades, el aislamiento de los hogares seguirá desplazando el trabajo de cuidado desde la economía remunerada -guarderías, escuelas, asilos- a la no remunerada. Y es que el mundo laboral está pensado para personas que no cuidan, y la sociedad ha asumido que el cuidado de niños, enfermos y ancianos puede ser absorbido sin costo por las mujeres, subsidiando la economía remunerada. La pandemia está revelando la verdadera escala de esta distorsión y la necesidad urgente de garantizar un ingreso básico universal con perspectiva de género.

Un Estado comprometido con la “justa igualdad de oportunidades” debiera garantizar un Ingreso Básico Universal (IBU) de corte feminista que asegure mayor autonomía a las mujeres, valorando por primera vez en la historia su trabajo de cuidado. Por ello un IBU con enfoque de género debe garantizarse desde el nacimiento, de manera tal que la mujer cuente con su IBU más el de aquellos a quienes tiene a su cuidado. De este modo, las mujeres podrán hacerse cargo –si así lo desean- de las tareas de cuidado, sin ser castigadas por su elección y condenadas a la pobreza. Ello pues, a diferencia de otras propuestas basadas en el salario doméstico, la renta básica no remunera específicamente el cuidado, por lo que no empujaría a las mujeres a especializarse en labores reproductivas. Esta neutralidad política del ingreso básico universal significa que nadie está obligado a especializarse en ser cuidadora para poder recibir ingreso, garantizando seguridad económica básica y neutralidad respecto a las actividades que cada quien elija.

En el diseño de una sociedad igualitaria hay que partir desde las decisiones de las personas para alcanzar su propio bienestar y el de sus familias, y la sociedad no debiera sancionar a las mujeres que optan por el cuidado postergando (o descartando) su ingreso al mundo laboral.