Alejandra Zúñiga presentó el trabajo titulado “Impact of the Drug Act on Foreign Mothers Incarcerated in Arica, Chile”, realizado en colaboración con las investigadoras Patricia Varela y Renata Boado.
La profesora de la Escuela de Derecho e investigadora del Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho Penal (CIFDE) de la Universidad de Valparaíso, Alejandra Zúñiga, participó en el Congreso 2024 de la International Society for the Study of Drug Policy (ISSDP), llevado a cabo en Montreal (Canadá).
En la oportunidad, la académica presentó su trabajo titulado “Impact of the Drug Act on Foreign Mothers Incarcerated in Arica, Chile” (“Impacto de la Ley de Drogas en madres extranjeras privadas de libertad en Arica, Chile”), realizado en colaboración con las investigadoras Patricia Varela y Renata Boado, en el marco del Núcleo Milenio para la Evaluación y Análisis de Políticas de Drogas (nDP), del cual es investigadora principal.
Según explicó la académica, “este estudio muestra que las actuales políticas de drogas generan un daño social muy superior a aquel que se intenta prevenir, y que el uso del Derecho Penal como herramienta de control del tráfico de drogas tiene consecuencias muy diferentes cuando se aplica a mujeres y hombres. Los estudios son concluyentes al evidenciar que, puesto que son ellas las principales cuidadoras de niños, enfermos y ancianos, el impacto de la cárcel en el núcleo familiar es inmenso y, muchas veces, devastador y permanente. En este contexto, normas como el artículo 34 de la ley 20.000, que hace imposible al juez conceder y aplicar la medida alternativa a la prisión de expulsión del país, crea a las mujeres madres extranjeras un perjuicio desproporcionado, considerando que en su mayoría son las principales y a veces únicas cuidadoras en su familia”.
“La Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 3° exige al Estado dar una consideración primordial al interés superior del niño en todas las medidas que tomen las instituciones públicas o privadas. Al preparar una decisión que tenga repercusiones fundamentales en la vida del menor, se debe justificar y documentar la consideración del interés superior del niño”, añadió.
Puntualizó además que “Chile está obligado (art. 8°) a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluyendo la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares. Los estados parte deben velar por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando las autoridades competentes determinen que tal separación es necesaria en el interés superior del niño (art. 9°). Niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir con sus familias, y el estado debe prestar el apoyo necesario para que ello sea garantizado”.
“¿Consideraron nuestros legisladores los intereses de mujeres y niños al reformar la Ley de Drogas, haciendo imposible al juez conceder y aplicar la medida alternativa a la prisión de expulsión del país? Evidentemente que no. Para las mujeres que formaron parte de esta investigación, el impacto de la cárcel ha sido feroz, pues la distancia se hace insalvable cuando al muro de la prisión se le suma la barrera de la frontera, haciendo casi imposible mantener los vínculos con los hijos. Una reforma legislativa se hace, por tanto, urgente”, cerró.
El Núcleo Milenio para la Evaluación y Análisis de Políticas de Drogas (nDP) es liderado por su director, Álvaro Castillo (UM) y su directora alterna Francisca Román (Universidad de La Frontera). A ellos se le suman los investigadores principales Guillermo Paraje (UAI), Alejandra Zúñiga (Universidad de Valparaíso) y Esteban Calvo (UM) quienes junto a un equipo de investigadores seniors, adjuntos, jóvenes y estudiantes de pre y posgrado buscan generar evidencia sobre el proceso de decisión, formulación e implementación de las políticas de drogas y sus efectos en diferentes aspectos de la sociedad, incluyendo salud y bienestar, seguridad pública y otros desenlaces sociales.
