Publicado originalmente en El Mostrador
El Congreso está a un paso de aprobar la despenalización del aborto en tres causales muy específicas. Sería injusto, sin embargo, al tiempo que descriptivamente incorrecto, reducir este avance – que nos sitúa apenas en el umbral de sociedades bien ordenadas – a la discusión y aprobación del proyecto que en concreto acaba de aprobarse. La discusión sobre la despenalización del aborto comenzó el mismo día en que la junta militar decidió, a su discreción y en sesión secreta, eliminar las regulaciones contenida en el Código Sanitario.
Desde 1990 diversas organizaciones de mujeres y activistas de derechos humanos, nacionales e internacionales, han luchado por llevar al Estado de Chile a situarse a la altura de un consenso que, aun cuando mínimo, era indispensable – en las acertadas palabras de un grupo de colegas de la Universidad de Chile en una carta recientemente publicada en la prensa–.
Por lo tanto, es luego de un debate que ha tomado casi 30 años – ¡30 años! – que se ha podido arribar a un umbral mínimo que sea capaz de reconocer a la mujer, aun cuando por causales muy restringidas, sus derechos sexuales y reproductivos. El debate en torno a las hipótesis de despenalización, recientemente aprobadas en el Senado, no ha dejado indiferente a ningún sector del país. Las opiniones vertidas al respecto, en estos casi 30 años de discusión, han incluido a las diferentes bancadas políticas, organizaciones sociales y políticas de todas las tendencias, a las iglesias, gremios (como el médico) y, por supuesto, a la ciudadanía. Pero no solo eso, la discusión misma que ha tenido lugar en el Congreso Nacional, ahora a propósito del proyecto aprobado (Boletín N° 9895-11), ha involucrado a esos mismos actores. Luego de dos años de discusión legislativa, han intervenido diferentes comisiones parlamentarias, se ha escuchado la voz de las más diversas organizaciones y prácticamente no ha quedado experto que se dedique a estos temas sin tribuna. El trabajo de las parlamentarias y los parlamentarios, por su parte, ha sido igualmente digno de destacar y en extremo minucioso.
La votación del proyecto, como era de esperarse, no ha dejado a todos y todas conformes. Ya varios parlamentarios y varias parlamentarias, algunos con una mejor articulación que otros, han anunciado su intención de recurrir al Tribunal Constitucional a efectos que dirima la disputa en torno a los alcances de la Constitución al respecto. Curiosamente, se ha dicho que incluso parte importante de esos recursos constitucionales se encuentra ya redactados.
¿Qué cabe esperar? Hasta ahora, casi todas las voces al respecto han insistido en mirar a la composición del Tribunal Constitucional, conjeturando la forma en que se distribuirán los votos entre liberales y conservadores o centrándose en la persona del hombre (esto parece casi una ironía) que será clave en la definición de estos recursos. A decir verdad, este tipo de especulaciones han sido alimentadas por el comportamiento de algunos parlamentarios – quienes sin tapujos han afirmado públicamente que allí gozan de “mayoría” –. Nosotros no queremos apostar, ni deseamos poner sobre la mesa un vaticinio. Queremos llamar, en cambio, al Tribunal, a honrar su posición institucional y las credenciales democráticas del Congreso Nacional. En especial, tratándose de un debate que se ha encarado con particular altura de miras.
En efecto, la votación que se ha seguido atentamente en días recientes, representa apenas el punto cúlmine de algo más valioso que las antecede: las discusiones y deliberaciones que se han desarrollado desde hace 30 años en el país y al menos dos años con respecto a este proyecto en particular (aunque los varios proyectos de ley debatidos al respecto datan, igualmente, de 1991). Si se ha prestado atención detenida a las intervenciones de los parlamentarios y las parlamentarias, además, se podrá anotar – a su propia confesión – que para ellos y ellas esta discusión ha sido especialmente sensible y todos y todas, sin excepción, han puesto sobre la mesa las mejores versiones de sus razones de principio, ya sea para aprobar o para rechazar este proyecto.
Se podrán compartir o no esas razones. Pero no cabe duda que todos ellos y todas ellas se han informado con diferentes puntos de vista (legales, médicos y éticos) y han compartido, además, historias personales que buscan ilustrar la seriedad, qué duda cabe, del asunto que tenían entre manos. Han debatido y deliberado, finalmente, de manera reflexiva y reposada, durante largo tiempo, sobre los alcances adecuados de la Constitución al respecto. Se han dejado de lado convicciones personales, para volcarse a la discusión mirando de frente a los intereses generales de la Nación – cosa que, lamentablemente, no puede afirmarse de otros proyectos, dadas las investigaciones criminales que se han gatillado en torno a sus tramitaciones –.Esperamos que el Tribunal Constitucional tome nota de este contexto, a efectos de ser capaz de adoptar la mejor decisión posible que le cabe en una democracia: abstenerse de reemplazar la discusión, insistimos, reposada y reflexiva de nuestros parlamentarios y parlamentarias, y honrar estos extensos años de deliberación que hoy, como dijimos al comienzo, nos abren la puerta al grupo de sociedades razonables.
Queda, por último, un último argumento para justificar la deferencia. El constituyente no se impuso el deber de proteger la vida del que está por nacer, en vez de eso considero adecuado mandatar al legislador para que éste decidiera la más adecuada forma de resguardo consistente con los demás bienes jurídicos y derechos fundamentales en juego, en especial los derechos de la mujer como persona libre e igual en dignidad y derechos a las demás personas nacidas. No podemos obviar, entonces, que es la propia Constitución la que ha delegado al Poder Legislativo la determinación, con un amplio margen de apreciación, de la forma y oportunidad de protección.
